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miércoles, 24 de marzo de 2010

El ministro de Justicia, ha insistido en el derecho de los acusados a mentir en sus declaraciones. Argumenta que este derecho viene avalado por el Tribunal Constitucional.
Cierto es que el testigo tiene la obligación de decir la verdad, por lo que se le apercibe de que cometería un delito de falso testimonio tipificado en el Código Penal; en cambio, el reo, en virtud del derecho constitucional, no tiene obligación de decir la verdad sobre los hechos que se les imputa, de callarse, o, incluso, de " mentir ", hasta el punto de que, sí así lo hiciera, no tendría responsabilidad penal, como sí le sucedería a los testigos, peritos, intérpretes...
Ahora bien, si hasta aquí el considerando del ministro es irrefutable, no considero que la situación que se ha planteado en el Sumario del asesinato de Marta del Castillo, sea equiparable a este derecho a fingir. La patraña, la falsedad, la falacia, la mendacidad, el cuento en definitiva, está referida al derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. En este supuesto concreto ya ha habido una confesión previa y un reconocimiento del delito por su presunto autor. La mentira deja de cobrar virtualidad procesal, desde el mismo instante en que se reconocen los hechos.
¿ Se puede afirmar que el derecho al " engaño " alcanzaría incluso el nivel de bajeza moral, de enredarlo todo para impedir la localización del aún hipotético cadáver ? No, pues todos los derechos fundamentales tienen, " per se ", sus límites y no son absolutos. El derecho que tenían él y los procesados a no contestar, a no deponer contra sí mismos o a no reconocerse culpables no les confiere la potestad de impedir, a toda costa, la averiguación del lugar donde conjeturadamente debe de encontrarse el cuerpo. Si así fuera, el concepto superior de Justicia quedaría en manos, exclusivamente, del infractor, contraviniendo el fin de todo procedimiento penal. El derecho a mentir solo se circunscribe a su derecho de defensa que no es ni debe ser compatible con el deber del Estado de perseguir los delitos y averiguar la verdad.
- JACH -

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