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miércoles, 17 de octubre de 2012


Apuntes sobre como conseguir una democracia real ya

BREVE INTRODUCCION


La esencia teórica de una democracia reside en la participación ciudadana en el funcionamiento del Estado. Pero para que exista una democracia real dicha participación ciudadana también debe ser real. Y esto podemos decir que actualmente no existe.

Hasta ahora la participación ciudadana se ha limitado a acudir a las urnas y votar a unos representantes (los políticos) para que hagan de todo en nombre de los ciudadanos sin que estos tengan que preocuparse de nada hasta 4 años después. Y así ha sido durante los últimos 30 años en España. Progresivamente el ciudadano ha ido perdiendo interés. O se lo han ido haciendo perder. Y cuando uno pierde interés en mantener sus libertades acaba perdiéndolas. El Estado ha ido acumulando demasiado poder, y parte del mismo debe ser devuelto al ciudadano. Ardua tarea. Hay que tener en cuenta que el Estado es un monstruo inteligente que se alimenta de la inactividad y pasividad ciudadana. Pasividad ciudadana que el propio Estado fomenta, cultiva, poniendo trabas, para que el ciudadano lo deje más o menos en paz. Habría que pensar quien o quienes están detrás de los Estados, quienes los controlan, pues existe una tendencia desarrollada en el siglo XX a que dichos sujetos no coincidan con quienes los gobiernan (de ahí el sentimiento ciudadano cada vez más generalizado de “no nos representan”). Piénsese que ante un ataque agresivo a un Estado éste se defenderá igual de agresivamente o más, con la ley en la mano, sin ella, o creando una nueva al efecto, eso da igual. El Estado se identifica en este sentido como “EL PODER YA ESTABLECIDO”.

Y cuando uno quiere cambiarlo se encuentra con toda una maquinaria compleja de defensa que reacciona automáticamente incluso permitiendo que se cambien algunas cosas para que todo siga igual en esencia. Esto es, aparentando un cambio ante la ciudadanía. Esta reacción y manipulación es la defensa propia de los Estados llamados democráticos ante lo que podría ser un ataque pacífico o reivindicación ciudadana multitudinaria como la que en estos días parece germinar con la fuerza que solo los jóvenes son capaces de mantener hasta conseguir algo importante.

HACIA UNA NUEVA TEORIA DE REGENERACION DEMOCRATICA



Pero aquí, ahora, de lo que se trata es de cambiar la esencia para que después vayan cambiando todas las demás cosas. La participación ciudadana, el poder ciudadano, se convierte así en la única y simple vacuna que debe reinocularse en el sistema para que exista la democracia real en un Estado.

         La Constitución Española de 1978 y el pluripartidismo supusieron un cambio real en la adopción de un sistema democrático en el Estado, y así, se adoptó la clásica división de poderes de Montesquieu como forma de funcionamiento de un estado democrático. El ciudadano llevaba tanto tiempo sin voz que lógicamente solo se preocupó de asaltar el poder a través de los partidos políticos. Y si somos honestos, reconoceremos que el ciudadano ni siquiera asaltó poder alguno. La llamada “transición” sirvió para que el Estado diera a luz una pluralidad de ideologías que el ciudadano fue adoptando en función de motivaciones personales, culturales, etc, distintas. Y así, el pluripartidismo y los representantes políticos de los ciudadanos “asaltaron” el poder. Y, de esta manera, el Estado hizo creer al ciudadano que este había asaltado el poder, lo cual en principio está muy bien porque algo es algo. El Estado no obstante, había conseguido su principal objetivo: aplicando la máxima “divide y vencerás” consiguió lo que otros Estados habían conseguido ya en el mundo para que todo siguiera igual en esencia; que las ideologías se convirtieran en el nuevo opio del pueblo, sustituyendo así éstas a la religión en el aforismo marxista. Primero el Estado utilizó a los Dioses, luego a la religión, hoy a las ideologías. Y el ciudadano, inmerso en diatribas ideológicas y partidistas, volvió a olvidar lo principal: él mismo. El Estado siempre pierde un poco para ganar el doble.


Centrándonos en lo esencial a lo que ahora nos ocupa parece claro que la división de los tres poderes en que se basa actualmente un Estado democrático ya no sirve al ciudadano en la forma en que está estructurada. No sirve porque el Estado, ese monstruo, acaba haciéndose cócteles con ella, mezcla los poderes a su antojo, se los bebe y los orina donde quiere impunemente.


Hace falta pues un CUARTO PODER INDEPENDIENTE que, digamos, le esconda la coctelera al Estado, EL PODER CIUDADANOrealmente ciudadano, de control de los demás poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que pueda atajar y sobre todo prevenir, impidiendo cualquier desviación de independencia de los hasta ahora 3 existentes.


Para ello el ciudadano debe tener una participación activa real, y dicha participación implica no solo la CREACION DE UN NUEVO PODER DEL ESTADO, como hemos dicho, sino también una NUEVA INSTITUCION DENTRO DEL ESTADO acorde con ese nuevo Poder. Una Institución que debe tener IGUAL JERARQUÍA que las demás actualmente existentes. Se trata de una institución de vigilancia y control del funcionamiento democrático de un Estado, pudiendo adoptar la denominación de CONSEJO SUPERIOR DEL PODER CIUDADANO.

La jerarquía normativa la sigue teniendo la Constitución. Evidentemente así, bajo el manto constitucional, quedan representados los 4 poderes: el ciudadano (a través del Consejo Superior del Poder Ciudadano), el legislativo (a través del Congreso de los Diputados o Parlamento), el judicial (a través del Consejo General del Poder Judicial) y el ejecutivo (a través del Gobierno de España). El poder ejecutivo ejecuta las leyes que elabora el poder legislativo, el poder judicial juzga su incumplimiento. Y el poder ciudadano vela por que los otros tres poderes cumplan fiel e independientemente su cometido bajo el imperio de las Leyes.

Hay que pensar que ni el Estado ni ninguno de los 3 poderes existentes va a aceptar voluntariamente esta “intromisión ciudadana” como 4º poder (aunque sería lo deseable por parte de los representantes políticos). Ya dijimos que el Estado se defenderá. ¿Cómo entonces conseguir la creación de dicha nueva Institución y su inclusión en la Constitución?

Obviamente mediante REFERÉNDUM donde, con modificación profunda de la Constitución Española, se redefinan los poderes existentes acomodándolos a las funciones y competencias que deberá tener dicho Consejo Superior del Poder Ciudadano para ser eficaz realmente, una de las cuales debe ser la potestad exclusiva de convocatoria de referéndums (de dicha manera no se dejan los mismos a la voluntad de ninguno de los otros poderes, o sea, del Estado, o de los políticos, sino que su convocatoria dependerá de la voluntad ciudadana expresada asambleariamente en los Consejos Provinciales del Poder Ciudadano).

La primera misión ciudadana es, pues, conseguir el sometimiento a referéndum de la creación de dicha figura institucional dentro de la Constitución, definiendo bien el mismo, y su jerarquía, funciones y competencias, MODIFICANDO LA CONSTITUCION EN TODO LO QUE A ELLO SEA NECESARIO. Sin la existencia real de dicha nueva Institución todas las demás iniciativas están irremisiblemente condenadas al fracaso a medio o largo plazo. El Estado se defiende y cambiará cualquier cosa accesoria a corto plazo para mantener su esencia principal a medio o largo plazo que es el dominio y control de sus ciudadanos.

La creación del Consejo implica que será el ciudadano quien domine y controle al Estado realmente y no a la inversa. Se trata de hacer una revolución desde dentro del Estado creando un CUARTO PODER a través de un órgano real y efectivo de control ciudadano de las instituciones del Estado que conforman los 3 poderes existentes hasta ahora.

El Consejo Superior puede subestructurarse en Delegaciones Provinciales (no regionales), éstas a su vez en Delegaciones de Área Ciudadana, y éstas últimas en Asambleas de Barrios.

El Consejo Superior debería estar formado por ciudadanos elegidos del censo al azar sin pertenencia a partidos políticos y de todas las franjas de edad. El ciudadano elegido podrá renunciar a formar parte del Consejo, y el que acepte se comprometerá a las obligaciones que sean fijadas previamente a tal efecto. La condición de miembro se remunerará en función de la dedicación exclusiva o no al Consejo, el cual funcionaría de manera asamblearia y se renovaría anualmente en un 50%, renovándose el otro 50% al siguiente año y así sucesivamente de forma que nadie permanezca como miembro más de dos años seguidos. Igualmente creo que en la Asamblea del Consejo debería haber cierta representación de cada uno de los otros 3 poderes, pero con voz, sin derecho a voto, a fin de poder ser tenidos en cuenta en su caso.


Las dos primeras misiones ineludibles del Consejodeben ser:


1.- Convocatoria de Referéndum para reforma de la Leyelectoral. Eso lo primero, a fin de posibilitar el acceso real al poder legislativo de múltiples partidos políticos en función de los votos reales obtenidos, que enriquezcan los debates y preocupaciones de la ciudadanía en el Parlamento.

2.- Referéndum para inclusión en la Ley del Tribunal del Jurado de todos los delitos cometidos por funcionarios públicos (tanto de los 3 poderes existentes, como del 4º recién creado) en el ejercicio de sus funcionesCon ello se evita tanto la contaminación entre el poder judicial y el legislativo y ejecutivo, como que el poder judicial tenga que ser el que se juzgue a si mismo, lo que sin duda supone en definitiva un sometimiento de dichos delitos a un juicio ciudadano.

Esto es, es el ciudadano el que pasa a juzgar la función pública de la misma manera que él, en sus quehaceres privados, es juzgado por las instituciones públicas. Igualdad en dicho sentido, pues. Ello garantizaría un mejor funcionamiento de todas las instituciones, que serían más objetivas e independientes. Y, sobre todo, eficaces. No hablemos ya del respeto y buen trato que recibiría el ciudadano por parte de todas las instituciones públicas. Solo por eso ya valdría la pena el referéndum.
Conseguidos estos dos “sencillos” referéndums a favor, lo demás viene casi rodado. Se trata de, con el “arma ciudadana” en la mano, reformar las correspondientes Leyes para adaptarlas a esta “nueva” democracia real, eliminándose privilegios, etc..




ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA REGENERACION DEMOCRATICA


Por ejemplo, el Poder Legislativo debe estar obligado a decidir (también) sobre todas las propuestas de ley que realizara el Poder Ciudadano a través de su Consejo (podría ser suprimido el Senado igualmente, cuyas funciones pasarían a ser competencia del Consejo Superior del Poder Ciudadano).

El Consejo sería también el competente para decidir sobre la admisión a trámite de las denuncias ciudadanas por delitos cometidos funcionarios públicos (que sin duda serán muchas desde su creación), mediante procedimiento especial y tramitación preferente en el que deberían ser oídos de forma separada y secreta un juez, un fiscal y un abogado (debiera establecerse un turno de donde escoger al azar los voluntarios al efecto que consten en las listas facilitadas al Consejo por dichos colectivos; los ya oídos en un expediente no podrán volver a valorar otro expediente hasta finalizar las listas), no siendo sus valoraciones vinculantes en ningún caso para el Consejo.
Evidentemente la finalidad que se consigue es, sobre todo, el buen funcionamiento de todas las instituciones y su independencia, al impedírseles la tentación de “ayudarse” unas a otras. Dicho de otra manera, “si ya no me van a quitar las multas aquellos de allí.., será mejor no cometer la infracción y dedicarme a hacer bien mi trabajo”.

Respecto del poder judicial se consigue un juez verdaderamente independiente; no intocable, como hasta ahora se considera la independencia. Un juez tiene que ser independiente, pero no intocable.   Y su control de legalidad no puede ser ejercido por otros jueces como hasta ahora.
Es como si los políticos corruptos tuvieran que ser juzgados por otros políticos. O los médicos negligentes por otros médicos, etc. ¿Por qué entonces esa excepción con los jueces?

Los jueces (que ejercen una función pública) deben juzgar todo ilícito que provenga de un ámbito privado ciudadano. Pero los ciudadanos también deben poder juzgar los actos ilícitos que provienen del ejercicio de una función pública. De ahí la importancia de la competencia del Tribunal del Jurado en todos estos supuestos.

Lo anterior significa, por ejemplo también, que las comisiones parlamentarias de investigación, integradas por políticos, tienen que desaparecer como tales, pasando a ser competencia del Consejo, el cual debe tener competencia para sancionar directamente cualquier irregularidad, en especial el falso testimonio, agravándose la pena del mismo si el sujeto lo comete en el ejercicio de una función pública.

Significa también, por ejemplo, que el CGPJ debe limitarse al gobierno de los jueces, siendo competencia del Consejo Ciudadano las sanciones administrativas a los mismos.

Lo mismo respecto a la figura del Ministerio Fiscal y su actual relación con el poder ejecutivo, quien debería pasar a depender del Consejo como organismo de defensa del interés ciudadano real (ya que el interés ciudadano o público no tiene por qué coincidir con el del Gobierno, el Ministerio Fiscal no puede depender del Gobierno, y sería también más independiente y al servicio real del ciudadano y la legalidad en lugar de “acompañar” al baño a los otros poderes). E igualmente respecto de cualquier colectivo cuyos integrantes ejerzan funciones públicas, léase médicos, abogados, procuradores, etc. Los colectivos deben ser “oídos” por el Consejo pero en modo alguno pueden vincular sus decisiones.

El acceso de Magistrados al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional queda reservado igualmente al Consejo por sorteo entre aquellos aspirantes que no hayan sido sancionados en los últimos 5 años, garantizándose así tanto su intachabilidad profesional como su independencia y legitimidad al haber sido nombrados por los ciudadanos en Asamblea, en lugar de por otros jueces y políticos.

Es también indispensable la revisión por el Consejo de todas las denuncias ciudadanas por prevaricaciones judiciales realizadas en España en los últimos 10 años y en su caso su enjuiciamiento rápido por el Tribunal del Jurado, a fin de limitar el ejercicio judicial a quienes prevarican de forma continuada e impune gracias al corporativismo establecido desde hace años, a la par que se facilita el acceso a nuevos jueces bajo esta nueva democracia para desempeñar bien su labor.

Es también indispensable para la seguridad jurídica la eliminación de la posibilidad de que cada juez o magistrado pueda crear una línea jurisprudencial distinta según su propio criterio, de forma que deben establecerse criterios jurisprudenciales mayoritarios que deben ser seguidos como norma general.

La actual norma general es, de hecho, que cada uno juzga a priori y luego acomoda su juicio a su “interpretación” de la Ley, sin que las pruebas tengan en la práctica una relevancia esencial aunque contradigan el pre-juicio realizado. Y ello como mala costumbre extendida sujeta a criterios de productividad funcionarial y desidia más que de justicia y legalidad. Se salvan pocos jueces de esta costumbre y ello es algo que palpa la ciudadanía en sus propias carnes aunque desde el poder judicial se quiera mostrar una proporción inversa.

Perfilados estos dos poderes, el legislativo y el judicial, que pasarían a estar “compensados” bajo el poder ciudadano, el poder ejecutivo no tiene importancia ya, pues ejecutaría diligentemente su función paulatinamente por la cuenta electoral que le trae. Recuérdese que en tanto función pública también queda bajo supervisión ciudadana cualquier denuncia, incluidas también todas las efectuadas a Cuerpos de Seguridad del Estado, civiles o militares. Lo militar dejaría de tener jurisdicción propia, pasando sus jueces a integrar más puestos en más juzgados. Creación de Juzgados de lo Militar con jueces independientes, esto es, un militar juez no puede juzgar a otro militar. Instalación de cámaras de video en todas las comisarías de policía y calabozos para prevención y eliminación de los abusos de autoridad y maltratos actualmente generalizados. Reeducación de los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, etc, etc, etc.
La única manera de equilibrar los poderes de un estado democrático es dar menos poder a los poderes públicos que a los  poderes ciudadanos. Hasta ahora no existen más que los poderes públicos, los cuales no van a crear evidentemente nada que los limite. Por ello sin un poder ciudadano real nunca podrá existir democracia real. Hay que inventar un cauce, una figura, una institución real, que canalice el poder ciudadano y que sea de imposible destrucción por el Estado por su propia esencia y configuración.

El Estado no considera al ciudadano como un amigo, lo vigila, sanciona y manipula según su propio interés. El propio Estado fomenta la pasividad del individuo, la no participación del mismo (no de forma individual, esa no, individualmente creemos que tenemos un montón de derechos; y votamos y todo, pero basta con intentar reclamarlos para ver la realidad, sobre todo si reclamas contra una institución o un funcionario, no contra un ciudadano, que también).

En los Estados democráticos el Estado (o quienes los controlan actualmente) fomenta la pasividad de los individuos a través del mal llamado Estado del Bienestar. ¿Bienestar? ¿Desde cuándo el Bienestar se antepone a la Justicia?

¿Para cuándo un Estado de Justicia? ¿Estado? ¿Justicia? Vienen siendo términos antónimos y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Decía Montesquieu que la injusticia cometida a uno solo es una amenaza dirigida a todos. ¿Hemos olvidado las veces que hemos sido impasibles ante una injusticia del Estado a nuestro vecino ciudadano?

El Estado siempre intentará proporcionar al individuo todo lo que previamente le ha hecho necesitar, siempre lo mínimo, no más, en función de determinados niveles alcanzados por la población, de manera que, en principio, intentará que el ciudadano esté satisfecho en términos generales. ¿Qué sentido tiene pues hacer una revolución? ¿Para qué, si tenemos los mejores derechos? El Estado nos ha proporcionado hasta los Sindicatos, y ni nos hemos enterado que con el tiempo han pasado también a la coctelera. Por cada ciudadano que quiera cambiar algo, el Estado habrá creado 100 que no quieran cambiar nada porque ya están bien así “y no quieren problemas”. Si el ciudadano no se une, y establece unas bases firmes de control del Estado, el Estado lo hará por él pero a la inversa indefectiblemente. El resultado siempre es el mismo: menos libertad del individuo, más control del ciudadano. De hecho su libertad siempre es inversamente proporcional a la del Estado. O dicho de otra manera, cuanta más libertad tiene un Estado menos tiene el ciudadano. Esto es obvio, pues el Estado no tiene libertad por sí mismo, es el ciudadano el que se la da a cambio de que le gobiernen bien. Y cuantas más libertades le de al Estado, menos libertades le quedarán en su poder. El problema viene cuando el Estado ya no quiere devolverlas. Y empiezan a crecer las prohibiciones. Y el ciudadano ya no está bien. Y el ciudadano se da cuenta que vendió su juvenil fuerza, su unión, y su libertad, a un interés muy alto. Pero, ¿a quién le importa?


Nota: Hay varios, bueno muchísimos, problemas, pero hay algunos como son los llamados “secretos de Estado”, determinadas actuaciones policiales, de servicios secretos, de “inteligencia”, etc., todos en el ámbito del poder ejecutivo, cuya privacidad adecuada y escape al control ciudadano aún no he resuelto de forma algo satisfactoria, ya que determinados supuestos y éxitos de funcionamiento del propio Estado (sí, no todo es malo) parecen incompatibles con un conocimiento generalizado de los mismos por parte de la ciudadanía, pero seguro que alguna solución hay para ello. Todo es ponerse.

-José Antonio Chaves Pérez.-

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