El Gobierno no pudo sacar adelante ( de momento ) la conocida como " ley Sinde ": el proyecto apadrinado por la ministra de Cultura para lograr el cierre de las páginas webs que permiten a los usuarios de Internet descargarse, sin autorización y gratuitamente, archivos de películas, música y programas de televisión que están protegidos por derechos de autor. El origen de este fiasco ( como tantos otros gubernamentales ) radica en la extrema debilidad y credibilidad del ejecutivo, abandonado por su aliado más sólido el PNV ( que es como si yo lo hiciera con Satán ), que respaldó los presupuestos leoninos de 2011., lo que le obligó a última hora a bajarse a las braguetas de CiU e incluso del PP., que no se abrieron las susodichas. Tengo que subrayar que los mandatarios no le dieron a su propio proyecto la importancia que tiene, ya que lo introdujo en una disposición adicional de la ley de economía sostenible ( ¿¡ !? ) en lugar de provocar un debate específico, en el que quizás podría haber pactado con el PP a cambio de un mayor control judicial de las sanciones previstas para las actividades de pirateo en La Red, sobre todo en el cierre de las páginas objeto de vigilancia y represión. De este modo se ha frustrado una salida correcta a un  conflicto de gran impacto social y repercusión mediática. Obviamente el planteamiento inicial del gobierno escondía, no la persecución del internauta que se descarga un archivo protegido, sino la subyacente de cortar la voz y la palabra de la libre expresión, sobre todo la de todo aquel o aquella, que como yo nos mostramos críticos con su hacer.
La fragilidad del actual gobierno, en definitiva, aplaza la solución a un problema que más pronto que tarde tendrá que abordar la sociedad civil española ( sino sigue haciendo como con el resto de los problemas: mirar hacia otro lado ). Y habrá que hacerlo desde la premisa de que el ciberespacio no debe servir para actuaciones delictivas, pero defendiendo escrupulosamente los supuestos perseguibles, las sanciones a que sus autores se hacen acreedores y las garantías jurídicas que precisará cualquier proceso en este sentido, que nunca debería de quedar en manos de autoridades administrativas, intereses espurios o comisiones presuntamente independientes. Habrá que intentarlo con una ley mejor y un talante más adecuado.
-Corso-