A la corrupción política le sucede como en su día a los accidentes de tráfico o la violencia doméstica: que siempre estuvo ahí, pero se ha puesto de moda en los medios. Desde hace algún tiempo las detenciones de alcaldes y las imputaciones de importantes cargos políticos ilustran las portadas de los periódicos y abren telediarios casi a diario. Algunos han encontrado, de un año a aquí, un filón de desgaste electoral publicado por entregas con el caso Gürtel, que se ha ganado el interés de la gente por la atmósfera de mafia hortera que caracteriza a sus protagonistas. Para que el PP se quite algo de presión también se han amplificado otros casos de corrupción que afectan a otros partidos. El mensaje de fondo que siempre se quiere vender es que cada caso de corrupción es un problema del partido en cuestión. Es un error, pues la corrupción no es un fenómeno aislado, ni una tendencia ideológica, sino un mal estructural incentivado por la configuración de las instituciones españolas.
Muchas voces repiten constantemente que los políticos por lo general son honrados, y que los sucesos que denuncia la prensa los protagonizan ovejas descarriadas. Que la mayoría de los ayuntamientos funcionan correctamente. Pero no hay que comparar el número de casos de corrupción con el total de instituciones. Lo que hay que comparar es el número de casos corruptos en España con los de otros países. Fuera de nuestras fronteras hay de todo, claro. Desde naciones saturadas por dictaduras largas y sanguinarias, hasta países que han previsto contrapoderes en sus instituciones para desincentivar al máximo la corrupción. Nosotros tendremos que compararnos con aquellos a los que nos queremos parecer. Entonces se comprueba que, efectivamente, la corrupción está demasiado extendida en España.
Víctor Lapuente Gine, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo, escribió no hace mucho que la causa principal de la corrupción es la politización de las instituciones. Uno de los factores más influyentes, decía, es el número de empleados públicos que dependen de un nombramiento político. Es decir, el número de personas que viven de que gane uno u otro partido. España destaca en el ranking europeo de politización institucional. Mientras en las ciudades medianas suecas la victoria local de un partido cambia entre dos o tres cargos, incluyendo el alcalde, en España se trasplanta la institución entera. Un cambio de partido trae una oleada de empleo amigo, en forma de altos cargos y asesores, y una telaraña de agencias y fundaciones que viven a la sombra del poder político.
Y es que la corrupción no deja de ser el resultado de un exceso de poder que no está bien controlado. En España, al no haber buenos mecanismos de control, el poder de un político es inmenso. No es exagerado decir que el presidente del Gobierno español tiene mayor poder interno que el presidente de Estados Unidos. Aquí, cuando alguien gana la presidencia del Gobierno, a la vez es capaz de manejar el órgano legislativo y judicial casi por completo: el Congreso de los Diputados queda a sus órdenes, la Fiscalía a su servicio, y al poco tiempo decanta el color del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. A su vez, controla las instituciones económicas como el Banco de España, y se hace con la dirección de los medios de comunicación estatales. El presidente de Estados Unidos es mucho más influyente en el mundo, pero dentro de casa está permanentemente controlado por instituciones independientes que limitan su poder.
De la misma manera, en España, los poderes autonómicos y locales disfrutan de un poder que invita a la corrupción. No es casualidad que la mayor parte de los escándalos políticos estén relacionados con el urbanismo. El político es dueño del suelo y puede calificarlo de urbanizable o rural cuando más le convenga. Sucede como con las cajas de ahorros, que cuando caen en sus manos comienzan a servir a sus intereses partidistas. Si queremos acabar con la corrupción, no se logrará a base de repetir insistentemente a los líderes de los partidos que echen a los corruptos cuando los pillen. Lo que hay que hacer es limitar el poder de los políticos con más control, y cortar las interconexiones entre unos poderes y otros. Si no queremos más políticos corruptos la solución no es rogarles que renuncien a usar para su beneficio personal, y en nuestro detrimento, la herramienta de poder que tienen a su servicio, sino que hay que quitársela de la manos.
Muchas voces repiten constantemente que los políticos por lo general son honrados, y que los sucesos que denuncia la prensa los protagonizan ovejas descarriadas. Que la mayoría de los ayuntamientos funcionan correctamente. Pero no hay que comparar el número de casos de corrupción con el total de instituciones. Lo que hay que comparar es el número de casos corruptos en España con los de otros países. Fuera de nuestras fronteras hay de todo, claro. Desde naciones saturadas por dictaduras largas y sanguinarias, hasta países que han previsto contrapoderes en sus instituciones para desincentivar al máximo la corrupción. Nosotros tendremos que compararnos con aquellos a los que nos queremos parecer. Entonces se comprueba que, efectivamente, la corrupción está demasiado extendida en España.
Víctor Lapuente Gine, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo, escribió no hace mucho que la causa principal de la corrupción es la politización de las instituciones. Uno de los factores más influyentes, decía, es el número de empleados públicos que dependen de un nombramiento político. Es decir, el número de personas que viven de que gane uno u otro partido. España destaca en el ranking europeo de politización institucional. Mientras en las ciudades medianas suecas la victoria local de un partido cambia entre dos o tres cargos, incluyendo el alcalde, en España se trasplanta la institución entera. Un cambio de partido trae una oleada de empleo amigo, en forma de altos cargos y asesores, y una telaraña de agencias y fundaciones que viven a la sombra del poder político.
Y es que la corrupción no deja de ser el resultado de un exceso de poder que no está bien controlado. En España, al no haber buenos mecanismos de control, el poder de un político es inmenso. No es exagerado decir que el presidente del Gobierno español tiene mayor poder interno que el presidente de Estados Unidos. Aquí, cuando alguien gana la presidencia del Gobierno, a la vez es capaz de manejar el órgano legislativo y judicial casi por completo: el Congreso de los Diputados queda a sus órdenes, la Fiscalía a su servicio, y al poco tiempo decanta el color del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. A su vez, controla las instituciones económicas como el Banco de España, y se hace con la dirección de los medios de comunicación estatales. El presidente de Estados Unidos es mucho más influyente en el mundo, pero dentro de casa está permanentemente controlado por instituciones independientes que limitan su poder.
De la misma manera, en España, los poderes autonómicos y locales disfrutan de un poder que invita a la corrupción. No es casualidad que la mayor parte de los escándalos políticos estén relacionados con el urbanismo. El político es dueño del suelo y puede calificarlo de urbanizable o rural cuando más le convenga. Sucede como con las cajas de ahorros, que cuando caen en sus manos comienzan a servir a sus intereses partidistas. Si queremos acabar con la corrupción, no se logrará a base de repetir insistentemente a los líderes de los partidos que echen a los corruptos cuando los pillen. Lo que hay que hacer es limitar el poder de los políticos con más control, y cortar las interconexiones entre unos poderes y otros. Si no queremos más políticos corruptos la solución no es rogarles que renuncien a usar para su beneficio personal, y en nuestro detrimento, la herramienta de poder que tienen a su servicio, sino que hay que quitársela de la manos.
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